No es casual que los mismos movimientos hayan sucedido durante el Menemato, el gobierno de Macri y, ahora, con esta ofensiva contra todas las capacidades soberanas argentinas.
En un contexto de cambio climático, la energía nuclear será imprescindible para un desarrollo energético saludable. Argentina se provee, en este momento, de un 7% de su electricidad con sus tres centrales nucleares, y está en condiciones de diseñar y construir centrales nucleares de 600 MW con tecnología de agua pesada y uranio natural y fabricar su combustible. Además, la ciencia nuclear tiene numerosas aplicaciones médicas y ya exportamos varios reactores de producción de radioisótopos medicinales a distintos países del mundo.
Y ahora vienen por la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y con ella, de la operación de las centrales nucleares, entre otras cosas, como vamos a ver.
Quisieron hacerlo en los /90 pero no pudieron, presumiblemente, por dos motivos. Primero porque el capital no quiere problemas y la operación de centrales nucleares les parece demasiado problemática y segundo porque el adjudicatario quedaba obligado a completar Atucha II. Y eso sí, ya era intolerablemente complicado, incluso para el capital internacional, porque nadie, excepto la gente de CNEA, sabía si se podía hacer.
Pero esta vez es diferente. Para empezar, el gobierno de Cristina completó Atucha II con recursos técnicos y económicos propios, sin pedirle nada a nadie, la máquina anda perfectamente y, cuando algo le falla, lo reparamos, también sin pedirle nada a nadie.
Y además porque, en esta ofensiva feroz contra la Argentina industrial e inclusiva, terminar con ese enojoso asunto de la capacidad nuclear nacional resultaría una adecuada hazaña que van a festejar varias embajadas, amigas de la banda que está a cargo. Y hasta podrían facilitar, al efecto, el acceso a alguna contribución de emergencia, aunque sea a fondo perdido.
Incluir capital privado, presumiblemente extranjero, en la composición accionaria de una empresa de las dimensiones e importancia de NA-SA, no sería gratis. Las empresas mixtas en esas condiciones suelen terminar adoptando políticas más afines con el beneficio económico inmediato de los accionistas privados que con el interés nacional. Y ambos intereses pueden, y suelen, ser antitéticos.
Por ejemplo, pueden cambiar el proveedor de combustible nuclear, una pieza de ingeniería de mucha complejidad que hoy en día se fabrica en Argentina, en un esquema de dumping que termine con la capacidad nacional y nos someta a la voluntad futura de un proveedor del mundo desarrollado para alimentar nuestras centrales.
Por otra parte, NA-SA tiene una Gerencia de Proyectos Nucleares que fue lo que le permitió completar Atucha II, además de la extensión de vida de Embalse y que, ahora, está encarando la misma operación para Atucha I. Esa gerencia, la gente que allí trabaja, es uno de los bienes estratégicos que permitirían replicar Embalse o cualquier modelo de CANDU evolutivo de ese.
Pero como, en el esquema que nos quieren imponer, NA-SA es una empresa de operación de centrales y no de ingeniería, seguramente disolverían esa Gerencia: Ya Macri la redujo hasta casi la inanición, aunque luego se recuperó durante el último gobierno peronista
Esta sería otra medida de sometimiento.
En lugar de eso, y porque podemos diseñar y fabricar las partes esenciales de reactores nucleares, mantener la propiedad de NA-SA, además de asegurarnos la soberanía energética nos permitiría acceder a una participación en el mercado internacional que, según unos primeros cálculos, puede oscilar entre los 2000 y los 16.000 millones de dólares por año en promedio durante los próximos 25 años.
En este caso, como en casi todos, la defensa de la soberanía supone, también, la preservación de un beneficio económico para el País a mediano o largo plazo, además de un reaseguro para la calidad de vida de sus habitantes.
Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Si se concreta este despojo, encontraremos la manera de revertirlo en cuanto lleguemos al gobierno. Esto también es extensivo a la propiedad de IMPSA, otra empresa estratégica para la soberanía nuclear que ya ha sido vendida a capitales estadounidenses.
*Vicedirector de Ingenieria Nuclear del Instituto Balseiro, ex Director de Nucleoeléctrica Argentina SA y gerente de Relaciones Internacionales de la CNEA, miembro del Comité Nacional BRICS (CoNaB)
